La presente semana quedó marcada por la confirmación de que habrá repetición de elecciones en noviembre, lo que implica que el Estado carecerá de unos nuevos Presupuestos en vigor hasta, como mínimo, el segundo semestre de 2020.
Ante esa circunstancia, las pensiones deberían elevarse en ese año un 0,25 por ciento, de acuerdo con el protocolo establecido por la reforma que estas prestaciones experimentaron en 2013. El Gobierno, sin embargo, baraja ya servirse de un nuevo decreto-ley para que, por tercer año consecutivo, las pensiones vuelvan a vincularse al IPC. El recurso a esta herramienta legislativa, pensado sólo como respuesta a situaciones de especial urgencia, ya es por sí solo cuestionable, después de que su uso se convirtiera casi en habitual en la pasada legislatura. No obstante, más grave aún es el problema que plantea el nuevo incremento del gasto al que se aboca a la Seguridad Social. La indexación de 2020 supone un esfuerzo extra de 3.000 millones que se suma al aumento de los desembolsos correspondientes a 2018 y 2019 y que ya han quedado consolidados. Como resultado, el gasto en pensiones vuelve a crecer a doble dígito y propicia que el déficit público supere en el primer semestre el límite establecido para todo este año.
La revinculación de estas prestaciones al IPC en 2020 sólo agrava la tensión a la que está sometida la Seguridad Social
Dotar de vigencia una vez más a la vinculación al IPC sólo contribuirá a agravar una situación ya de por sí difícil, por las presiones que ejercen fuerzas demográficas como el rápido envejecimiento de la población. Sin duda, cerrar los ojos a esta realidad puede generar réditos electorales a corto plazo, máxime con la celebración de unos nuevos comicios en menos de dos meses. Pero, a largo plazo, queda comprometida la sostenibilidad misma del sistema público de protección de los jubilados.
Fuente: El Economista
