La nueva normativa de la Unión Europea de Accesibilidad busca garantizar la inclusión de más de 100 millones de personas discapacitadas
El próximo 28 de junio comienza a aplicarse la nueva ley del Acta Europea de Accesibilidad que obliga a miles de empresas privadas españolas a garantizar su accesibilidad digital. El objetivo es eliminar en mayor medida posibles todas las barreras digitales y garantizar la inclusión de más de 100 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea.
A diferencia de normativas anteriores que solo incidían en el sector público, esta ley destaca por afectar de forma directa a todas las compañías del sector privado que ofrezcan productos y servicios al público de forma digital, incluyendo empresas de comercio electrónico, entidades bancarias, aseguradoras, servicios de comunicación, plataformas de lectura digital, etc.
La normativa establece como referencia técnica el Estándar Armonizado, que se ha actualizado en cuatro ocasiones, siendo la última en el 2021, frente a la Web Content Accesibility Guidelines (WCAG). Este estándar europeo requiere que las personas con discapacidad tengan acceso a sistemas de escaneo de datos biológicos, como reconocimiento facial o de huellas dactilares.
A pesar de que la fecha límite para cumplir todos los requisitos esté a poco más de un mes, lo cierto es que la mayoría de las compañías del sector privado español no han introducido estas medidas en sus plataformas digitales. Son más del 51 % de los sitios web los que siguen sin ser válidos en términos de accesibilidad en el sector público, de acuerdo con el Informe Global del Seguimiento Simplificado de Sitios Web del Observatorio de Accesibilidad Web, mientras que no existen estudios oficiales acerca del cumplimiento de las entidades privadas.
Multas y sanciones
«Adaptarse a tiempo no solo evita sanciones, también es una inversión estratégica», señalaba Dariana Lago, cofundadora de A11ySolutions. «La accesibilidad digital mejora la experiencia de usuario, amplía el mercado potencial, refuerza la reputación y posiciona a las marcas como líderes en responsabilidad social y digital», añade.
El incumplimiento de la normativa puede implicar multas de alto valor económico. El régimen sancionador en materia de accesibilidad contempla multas de hasta 90.000 euros por infracciones graves, de hasta un millón de euros en caso de que estas sean muy graves, suspensión de subvenciones y ayudas públicas o restricciones, incluso la prohibición, de comercializar todos los productos o servicios que no sean accesibles.
Fuente: eldebate.com
