Las patronales advierten de que será inviable en ciertos sectores y critican la falta de diálogo en su aprobación.
El Ministerio de Trabajo ha adelantado que las empresas solo dispondrán de 20 días para adaptarse al nuevo registro horario una vez que se publique en el BOE, un plazo muy corto para una norma que prevé importantes sanciones. La patronal advierte de que será muy complejo de aplicar y generará una gran incertidumbre en el tejido empresarial.
El nuevo Real Decreto obliga a todas las empresas a implantar un sistema digital de registro horario «objetivo, fiable y accesible». Cada trabajador deberá anotar el inicio y el final de su jornada, las pausas y cualquier interrupción, con hora y minuto exactos. El sistema distinguirá entre horas ordinarias, extraordinarias o complementarias, e incluirá un registro específico para el teletrabajo.
Los asientos deberán conservarse durante cuatro años y quedar disponibles en tiempo real para la Inspección de Trabajo y para los representantes sindicales. Cualquier modificación deberá dejar una «huella indeleble» con la autoría del cambio, y las empresas deberán elaborar un protocolo interno que regule su uso y la evaluación periódica del sistema.
El decreto exige, además, que el sistema sea interoperable y accesible de forma remota, lo que en la práctica implica conectar las bases de datos empresariales con la Administración. En caso de fallos técnicos, los trabajadores deberán registrar su jornada por otros medios y trasladar después los datos al soporte digital.
El endurecimiento del registro horario es consecuencia del rechazo parlamentario de la reducción de jornada, tumbada en el Congreso el pasado 10 de septiembre con los votos de PP, Vox y Junts. Sin embargo, serán las empresas las que paguen el desquite de la ministra.
Juan Ignacio Beltrán, presidente de Aspel, considera que la medida «no está pensada para la realidad de las empresas». En su opinión, el Gobierno «pretende aplicar el mismo modelo a una fábrica con 500 empleados y a una pequeña empresa de limpieza con trabajadores dispersos por todo el país». «Va a ser muy complejo de aplicar y generará una enorme incertidumbre», advierte.
Beltrán recuerda que el problema no es solo el calendario, sino la forma. «Todo esto se ha disparado a raíz de que no pudieron sacar adelante la reducción de jornada. Quieren hacerlo por decreto porque saben que no tienen mayoría en el Parlamento, y eso introduce una inseguridad jurídica enorme», añade.
Dudas legales
El Real Decreto del registro horario no requerirá convalidación en el Congreso, lo que permite a Trabajo aprobarlo de forma unilateral pese a no contar con apoyos suficientes para su tramitación como ley. Por ello, Beltrán considera que «hay aspectos que contravienen el propio Estatuto de los Trabajadores» y no descarta que acabe en los juzgados.
El presidente de Aspel sostiene que el texto «añade inseguridad jurídica» porque obliga a las empresas a aplicar medidas de dudosa legalidad mientras los tribunales resuelven los recursos, lo que «provocará una incertidumbre enorme durante meses o incluso años».
Inviabilidad
A esto se le une la complejidad técnica y económica de implantar el sistema en sectores con alta dispersión geográfica, como la limpieza, la agricultura o la seguridad privada. «En el sector de la limpieza trabajan más de 500.000 personas repartidas por miles de centros, oficinas o sucursales bancarias. Pretender que cada una de ellas fiche digitalmente, con un móvil o un dispositivo electrónico, es inviable», explica Beltrán.
Según el presidente de Aspel, el decreto «está diseñado para una gran fábrica donde todos los empleados trabajan en el mismo lugar», pero ignora la estructura del tejido productivo español, compuesto mayoritariamente por pymes con márgenes mínimos. «El coste de equipar a cada trabajador con un dispositivo y mantener el sistema informático sería inasumible para muchas empresas», subraya.
Prisas
Eso sí, las prisas para su implementación impedirán a Díaz aumentar las sanciones. Al carecer de rango de ley, el Real Decreto no puede modificar el régimen sancionador del Estatuto de los Trabajadores, de modo que las multas por incumplir el registro horario seguirán oscilando entre los 751 y los 7.500 euros, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La vicepresidenta había planteado endurecer las sanciones hasta los 10.000 euros y aplicarlas por trabajador en lugar de por centro de trabajo, lo que habría multiplicado exponencialmente el impacto sobre las empresas. La patronal interpreta este giro como una muestra del carácter improvisado de la medida. «Quieren hacerlo todo por decreto y a contrarreloj, pero sin diálogo y sin calibrar el impacto real sobre las empresas».
Fuente: El Debate
